Reducir la delincuencia en un 25% en los primeros 2 años

Esta promesa establece una meta cuantitativa concreta: reducir en un 25% los índices de delincuencia durante los primeros dos años de gobierno. Con apenas 2 a 3 meses de gestión, la evaluación es técnicamente imposible: no existen aún datos estadísticos del período de gobierno que permitan medir avance. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del INE, que es el instrumento más robusto para medir victimización, se aplica anualmente y la última disponible corresponde a 2024. Esta servirá como línea base, pero no habrá datos comparables del período de gobierno hasta al menos 2027. Las estadísticas mensuales de denuncias del CEAD podrían ofrecer indicios tempranos, pero no permiten establecer tendencias confiables en tan poco tiempo. El estado 'sin evaluar' no implica fracaso ni éxito: simplemente refleja que aún no hay información suficiente para emitir un juicio. Para dimensionar la ambición de la meta, es útil considerar el contexto histórico. Según la ENUSC, la victimización de hogares se situó en torno al 24,5% en 2023. En condiciones normales, las variaciones anuales en este indicador rara vez superan los 2 a 3 puntos porcentuales. La reducción más significativa registrada en Chile ocurrió entre 2017 y 2021, cuando la victimización bajó de 28,4% a 21,6%, pero en un contexto excepcional de pandemia y confinamientos que redujeron artificialmente la movilidad. Una reducción del 25% en dos años, en condiciones de normalidad, sería históricamente inédita en el país. Ningún gobierno chileno reciente —de ningún signo político— ha logrado una reducción de esa magnitud en ese plazo. La promesa presenta además una ambigüedad metodológica importante: no especifica qué indicador se usará para medir el cumplimiento. Los principales instrumentos disponibles —victimización ENUSC, denuncias CEAD, percepción de inseguridad— miden fenómenos distintos y pueden arrojar resultados divergentes. Para que esta promesa sea evaluable de forma objetiva y transparente, el gobierno deberá definir públicamente el indicador de referencia y publicar datos periódicos de avance. La primera evaluación posible con datos propios del período podrá realizarse aproximadamente al cumplirse el primer año de gestión.