Deportación de extranjeros en situación irregular con antecedentes penales

Esta promesa contempla la implementación de un programa de deportaciones dirigido a personas extranjeras en situación migratoria irregular con antecedentes penales, a una escala mayor que los procedimientos regulares de expulsión. La Ley 21.325 de Migración y Extranjería (2021) ya establece mecanismos para la expulsión administrativa de extranjeros con antecedentes penales, por lo que la promesa implicaría una intensificación significativa de esa capacidad, no una habilitación legal nueva. Como referencia, el gobierno anterior ejecutó aproximadamente 1.740 expulsiones en 2023 y 2.100 en 2024, según datos del Servicio Jesuita a Migrantes. La evidencia disponible muestra actividad operacional en materia de seguridad vinculada a crimen organizado transnacional: destaca la denominada 'Operación Tokio' contra la organización criminal Tren de Aragua, que incluyó la neutralización de su líder. Sin embargo, es importante distinguir entre operaciones de inteligencia y seguridad dirigidas contra estructuras criminales específicas —que son acciones puntuales de alto impacto— y un programa sistemático e institucionalizado de deportaciones masivas, que requiere procesar y ejecutar expulsiones de manera sostenida. Hasta la fecha de verificación, no se dispone de cifras del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ni de la Policía de Investigaciones (PDI) que cuantifiquen deportaciones ejecutadas bajo el actual gobierno ni que permitan compararlas con períodos anteriores. El progreso de 15% refleja la actividad operacional verificable en la dirección de la promesa, pero la ausencia de un programa estructurado con metas cuantificadas, asignación presupuestaria específica y datos de expulsiones ejecutadas impide una evaluación más favorable en esta etapa. Implementar deportaciones a gran escala enfrenta obstáculos concretos: la Ley 21.325 exige debido proceso individual para cada caso y prohíbe las expulsiones colectivas; la ejecución requiere coordinación entre Sermig, PDI, Fiscalía, tribunales y Cancillería; y la deportación efectiva depende de que los países de origen acepten recibir a sus nacionales, lo que no siempre ocurre con fluidez, especialmente en el caso de Venezuela.