Tolerancia cero con tomas ilegales de terreno y endurecimiento de penas por usurpación

Esta promesa tiene dos componentes con distinta naturaleza. El primero es operativo: desalojar de forma inmediata las tomas ilegales de terreno. El segundo es legislativo: endurecer las penas por usurpación en el Código Penal. Ambos responden a un fenómeno que ha crecido en Chile: según el Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda (MINVU) de 2023, existen 1.091 campamentos que albergan a 113.887 hogares, cifra que refleja un déficit habitacional estimado en torno a las 650.000 viviendas. Hasta mayo de 2026, se han verificado declaraciones presidenciales sobre 'tolerancia cero' con las tomas, lo que indica una postura discursiva clara. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que se haya ingresado al Congreso un proyecto de ley que modifique el Código Penal en materia de usurpación, ni datos sistematizados sobre operativos de desalojo ejecutados bajo esta administración. El avance de 15% refleja la voluntad política declarada, no acciones concretas verificadas. El debate en torno a esta promesa presenta argumentos en distintas direcciones. Quienes apoyan medidas más estrictas señalan la necesidad de proteger el derecho de propiedad y el Estado de Derecho. Quienes plantean cautela advierten que los desalojos sin alternativas habitacionales reales tienden a desplazar el problema sin resolverlo. Cabe señalar que la Ley 21.461 —'Devuélveme mi casa', promulgada en 2022— ya introdujo modificaciones al procedimiento de desalojo, constituyendo un antecedente que el gobierno actual deberá superar o complementar para cumplir esta promesa.