En el día 87 de sus respectivos mandatos, ambos presidentes enfrentaron la brecha entre las promesas de campaña y los límites de la realidad institucional, especialmente en materia de seguridad. Kast lidia con la imposibilidad práctica de ejecutar el desalojo masivo en la megatoma de San Antonio —el Estado no tiene albergues ni propiedades fiscales disponibles para reubicar a los ocupantes—, mientras avanza en una propuesta para levantar el secreto bancario como herramienta contra el crimen organizado. En paralelo, la reactivación de la planta siderúrgica Huachipato con una inversión privada de hasta US$ 480 millones marca un hito para la región del Biobío. Boric, en su día 87 equivalente (5 de junio de 2022), navegaba entre el proceso de la Convención Constitucional —que comenzaba a perder apoyo ciudadano— y las primeras presiones serias de seguridad en La Araucanía y el Biobío, además de una inflación interanual que ya superaba el 10%. Nota: la sección de Boric corresponde a una reconstrucción histórica del día espejo basada en el registro periodístico de esa fecha; por eso tiene menos detalle que la cobertura en tiempo real de Kast.
La inversión privada de hasta US$ 480 millones para reactivar Huachipato como acería eléctrica de reciclaje llega dos años después del cierre de la planta en 2024, un proceso que ocurrió durante el gobierno de Boric sin que se encontrara una solución que permitiera mantener el modelo productivo original. En su día 87, Boric enfrentaba una inflación interanual superior al 10%; Kast enfrenta el reconocimiento de que no puede ejecutar el desalojo de la megatoma de San Antonio por falta de albergues. Dos presidentes, dos contextos distintos, el mismo choque con los límites de lo posible.
Gobierno reconoce inviabilidad del desalojo masivo en megatoma de San Antonio mientras Hacienda prepara levantamiento del secreto bancario
- Ministerio de Hacienda prepara propuesta para levantar el secreto bancario sin excluir al Poder Judicial, orientada a combatir crimen organizado y lavado de activos
- Gobierno reconoce mediante oficio de la Seremi de Bienes Nacionales que no hay propiedad fiscal disponible ni albergues para ejecutar el desalojo masivo en la megatoma de San Antonio
- Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador de Estados Unidos Brandon Judd en reunión oficial
- Gobierno prepara la salida definitiva de Manahi Pakarati del Servicio Exterior tras polémica por sus declaraciones sobre la autonomía de Isla de Pascua
- Comienza la ejecución de embargos de bienes a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE)
- Diputados de Chile Vamos se cuadran en bloque para respaldar la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau
“Oficio del 29 de mayo de la Seremi de Bienes Nacionales: 'la situación de carencia de propiedad fiscal disponible se mantiene invariable'
El Ministerio de Hacienda trabaja en una fórmula para levantar el secreto bancario que no excluya al Poder Judicial del acceso a información financiera. La iniciativa busca agilizar las investigaciones de crimen organizado y lavado de activos. Aún no se define el mecanismo legal: podría ser una modificación a un proyecto existente o un nuevo proyecto de ley. La medida responde a demandas de fiscales y policías que señalan que el secreto bancario es un obstáculo para perseguir redes criminales sofisticadas.
Un oficio de la Seremi de Bienes Nacionales fechado el 29 de mayo revela que el gobierno reconoce la imposibilidad práctica de ejecutar el desalojo masivo prometido en la megatoma de San Antonio. La razón principal es la falta de propiedades fiscales disponibles para albergar a los desalojados, sumada a que los ministerios de Vivienda e Interior aún están en fase de catastro de habitantes y no cuentan con un plan de reubicación. Este reconocimiento representa un golpe a una de las promesas emblemáticas de Kast en materia de orden público, y expone las limitaciones operativas del Estado frente a asentamientos de gran escala.
Grupo CAP y la empresa chilena AZA acordaron la reactivación de la planta siderúrgica Huachipato —cerrada en 2024— con una inversión que podría alcanzar los US$ 480 millones. El nuevo modelo productivo se basa en una acería eléctrica de reciclaje de chatarra, abandonando el esquema tradicional de producción de acero a partir de mineral de hierro. La noticia es significativa para la región del Biobío, duramente golpeada por el cierre de la planta. La iniciativa es esencialmente privada, aunque el gobierno puede recibirla como señal de confianza inversora.
La Comunidad Palestina de Chile rechazó formalmente el nombramiento de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, pidiendo al gobierno reconsiderar la decisión. Chile alberga la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, lo que convierte este nombramiento en un tema de política interna además de exterior. El gobierno de Kast ha marcado un giro pro-israelí respecto de la administración Boric, que fue muy crítica con Israel durante el conflicto en Gaza.
El Presidente Kast recibió en La Moneda al embajador de Estados Unidos Brandon Judd, ex presidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza y figura cercana a la administración Trump. La reunión refuerza la línea de acercamiento del gobierno de Kast a Washington, particularmente en temas de seguridad fronteriza y migración. El perfil de Judd —especialista en control migratorio más que diplomático de carrera— refleja las prioridades de la relación bilateral bajo ambas administraciones.
Comenzó la ejecución de embargos de bienes a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), marcando una escalada en las medidas de cobranza. La medida afecta a miles de profesionales con deudas impagas con el sistema de financiamiento universitario. El gobierno de Kast opta por la vía de cobranza en lugar de la condonación, en contraste con la promesa de Boric de eliminar el CAE, que no logró concretarse durante su mandato.
El gobierno prepara la salida definitiva de Manahi Pakarati del Servicio Exterior. La ex embajadora en Nueva Zelanda fue destituida el 6 de enero por declaraciones sobre la autonomía de Isla de Pascua que generaron molestia en círculos diplomáticos, pero fue reubicada en Cancillería el 1 de febrero manteniendo el título de embajadora, lo que prolongó la polémica. El caso ilustra las dificultades del gobierno en la gestión de nombramientos diplomáticos vinculados a pueblos originarios.
Diputados de Chile Vamos (UDI y RN) se reunirán el martes para tomar postura oficial frente a la acusación constitucional —documento formal de fiscalización parlamentaria— contra el exministro de Economía de Boric, Nicolás Grau. Pese a una división inicial, todo apunta a que el bloque respaldará la acusación en sala. La decisión refleja la tensión entre la agenda legislativa del gobierno (que necesita votos de Chile Vamos para la megarreforma) y la presión política por fiscalizar al gobierno anterior.
Gobierno Boric enfrentaba tensiones por la Convención Constitucional y presiones de seguridad en la macrozona sur en su día 87
- Gobierno monitoreaba el avance de normas en la Convención Constitucional, que se encontraba en plena fase de votación de artículos para el borrador de nueva Constitución
- Debate interno sobre la extensión del estado de excepción en la macrozona sur ante episodios de violencia en La Araucanía y el Biobío
- Presiones inflacionarias comenzaban a dominar la agenda económica, con el IPC interanual superando el 10% según datos del INE
“Sin declaraciones textuales verificables atribuibles específicamente al 5 de junio de 2022
A inicios de junio de 2022, la Convención Constitucional se encontraba en su fase más intensa de votación de normas para el borrador de nueva Constitución. El proceso generaba polarización creciente: encuestas comenzaban a mostrar un avance del Rechazo sobre el Apruebo para el plebiscito de septiembre. Algunas normas aprobadas por la Convención eran percibidas por parte de la ciudadanía como demasiado radicales, lo que erosionaba el apoyo al nuevo texto. El gobierno de Boric había apostado por el proceso constituyente como eje transformador de su mandato.
El gobierno de Boric enfrentaba un dilema permanente con la situación de seguridad en La Araucanía y el Biobío. Tras haber criticado los estados de excepción durante el gobierno de Piñera, Boric se vio forzado a mantener y renovar esa misma herramienta ante la persistencia de ataques incendiarios y violencia rural. Esta decisión generaba tensiones internas en la coalición de gobierno, particularmente con sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista que se oponían a la presencia militar en la zona.
En junio de 2022, Chile experimentaba una inflación interanual que superaba el 10% (el IPC de mayo 2022 llegó a 11,5% según el INE), impulsada por los retiros de fondos de pensiones, las transferencias fiscales durante la pandemia y el alza global de precios de energía y alimentos por la guerra en Ucrania. El Banco Central mantenía alzas agresivas de la tasa de interés. El gobierno enfrentaba el desafío de contener la inflación mientras intentaba implementar su agenda social, en un contexto de desaceleración económica.
Comparación directa
Promesas de seguridad versus límites del Estado: Kast no puede desalojar la megatoma de San Antonio por falta de albergues e infraestructura; Boric no pudo pacificar la macrozona sur sin recurrir a las mismas herramientas —estados de excepción— que había criticado en la oposición. Ambos chocan, en su día 87, con la brecha entre el discurso de campaña y las restricciones de la realidad institucional.
Kast apuesta por herramientas financieras (levantamiento del secreto bancario) y de cobranza (embargos CAE) como instrumentos de orden, con un enfoque punitivo-institucional. Boric en su día 87 navegaba entre las demandas de su base política y las exigencias de seguridad ciudadana, optando con tensión interna por los estados de excepción. En política exterior, Kast marca un giro pro-israelí y de acercamiento a Washington que contrasta con la línea pro-palestina y más autónoma que caracterizó a Boric. En lo económico, Kast recibe la noticia positiva de la reactivación de Huachipato mientras Boric enfrentaba una espiral inflacionaria que superaba el 10% anual.
Kast gobierna en un contexto donde el crimen organizado y el narcotráfico son la preocupación dominante de la ciudadanía, con tomas ilegales y seguridad pública como ejes centrales de su agenda. Boric en junio de 2022 gobernaba bajo la sombra del proceso constituyente, que consumía gran parte del oxígeno político, con una inflación desbocada y el conflicto en La Araucanía como telón de fondo permanente. En ambos casos, el día 87 revela que gobernar obliga a administrar contradicciones que el candidato no anticipó o no quiso anticipar.