En el día 88 del gobierno de José Antonio Kast, la agenda estuvo marcada por un escándalo administrativo revelado por CIPER Chile: el Registro Civil entregó durante seis meses —en el período 2024-2025, bajo la administración anterior— cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían los requisitos legales. Aunque el error es heredado, golpea uno de los pilares del discurso republicano: el control migratorio. Paralelamente, el biministro Daniel Mas reveló que el gobierno contactó directamente a 600 titulares de proyectos de inversión para destrabar permisos pendientes, en un contexto de contracción económica acumulada. También se prepara para el 8 de junio la votación ambiental de un proyecto estratégico de tierras raras por US$130 millones en el Biobío. En el día 88 del gobierno de Gabriel Boric —el 6 de junio de 2022—, Chile vivía un momento político de alta intensidad: la Convención Constitucional se encontraba en su fase final de votación del borrador constitucional, a menos de dos meses del plebiscito de salida del 4 de septiembre. El gobierno enfrentaba crecientes críticas por seguridad ciudadana y el alza del costo de la vida, con una inflación interanual que superaba el 10%, la más alta en casi tres décadas. La aprobación presidencial ya mostraba una tendencia descendente desde los niveles iniciales del mandato. La comparación entre ambos días 88 revela presidentes enfrentando presiones de naturaleza distinta: Kast lidiando con un error institucional heredado que tensiona su narrativa de orden migratorio, mientras busca reactivar una economía estancada proyecto a proyecto. Boric, en cambio, navegaba un proceso constituyente que concentraba toda la atención política del país, con una ciudadanía que comenzaba a evaluar críticamente su gestión en materia económica y de seguridad.
En su día 88, Kast busca destrabar 600 proyectos de inversión paralizados en trámites burocráticos, en medio de una economía que lleva un cuatrimestre completo en contracción. En su día 88, Boric enfrentaba una inflación interanual en torno al 12%, la más alta en casi tres décadas. Dos presidentes de polos ideológicos opuestos, en su tercer mes de gobierno, descubrían la misma lección: la economía no responde a discursos, sino a gestión.
CIPER revela que el Registro Civil entregó cédulas con residencia definitiva a migrantes sin cumplir requisitos durante seis meses del gobierno anterior
- El gobierno enfrenta la revelación de CIPER sobre errores del Registro Civil ocurridos entre 2024 y 2025 —durante la administración anterior— en la entrega de cédulas con residencia definitiva a migrantes que no cumplían los requisitos; el Registro Civil emitió un comunicado en respuesta
- El biministro Daniel Mas contactó a 600 titulares de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada para identificar obstáculos en permisos sectoriales pendientes y destrabar inversiones paralizadas en la burocracia
- Se prepara para el lunes 8 de junio la votación ambiental del proyecto de tierras raras de US$130 millones en la comuna de Penco, región del Biobío
- El Ministerio de Educación afina un proyecto de ley para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), tras revelarse que el 45% de las vacantes escolares no fueron utilizadas en el proceso de admisión 2026
“Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, sobre permisología: 'La permisología es compleja pero finita', señalando que el gobierno trabaja directamente con titulares de proyectos para identificar y resolver obstáculos en trámites de permisos sectoriales
CIPER Chile publicó un reportaje revelando que el Registro Civil entregó por error, durante un período de seis meses entre 2024 y 2025, cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían los requisitos legales. El error se originó en el gobierno anterior, pero el escándalo golpea al gobierno de Kast en un flanco políticamente sensible: la migración y el control de fronteras han sido pilares centrales de su discurso y programa de gobierno. El Registro Civil emitió un comunicado en respuesta al reportaje. La revelación plantea preguntas sobre los controles institucionales del Estado para gestionar adecuadamente los procesos migratorios, precisamente el tipo de falencias que Kast prometió corregir. El gobierno deberá responder si tomará medidas correctivas adicionales y si revisará los casos de cédulas entregadas irregularmente.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó públicamente uno de los principales obstáculos para la reactivación económica: la permisología que traba proyectos de inversión. Reveló que su cartera contactó directamente a 600 titulares de proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada —es decir, que ya superaron la evaluación ambiental— para identificar qué permisos sectoriales específicos están frenando su materialización. El contexto es urgente: la economía chilena acumula una contracción durante un cuatrimestre completo. Esta estrategia de atención caso a caso busca resultados concretos a corto plazo, desbloqueando inversiones que ya pasaron la evaluación ambiental pero quedan atrapadas en la burocracia de permisos adicionales. Es una señal del gobierno de que la reactivación económica requiere gestión administrativa directa, además de reformas estructurales.
La Comisión de Evaluación Ambiental de la región del Biobío votará el lunes 8 de junio sobre un proyecto de extracción de tierras raras —minerales críticos para la fabricación de tecnología y equipos de energía renovable— valorado en US$130 millones, ubicado en la comuna de Penco. El proyecto lleva en desarrollo desde 2016 y es actualmente la única inversión de este tipo en evaluación ambiental en Chile. La votación tiene relevancia estratégica para el gobierno de Kast, que ha buscado posicionar a Chile como proveedor de minerales críticos para la transición energética global. La aprobación o rechazo del proyecto será una señal sobre la capacidad del país para diversificar su matriz minera más allá del cobre y el litio.
El Ministerio de Educación está afinando los detalles de un proyecto de ley para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) —el mecanismo centralizado que asigna cupos en colegios— que sería presentado la semana siguiente. La reforma responde a datos preocupantes de un estudio de Acción Educar: en el proceso de admisión 2026 hubo una fuerte caída en las postulaciones a cursos de menor edad y un 45% de las vacantes escolares no fueron utilizadas. La reforma del SAE es una promesa de campaña del gobierno de Kast, que ha criticado el sistema por limitar la libertad de elección de los padres. Los datos sobre vacantes no utilizadas refuerzan el argumento gubernamental de que el sistema actual presenta fallas que afectan tanto a las familias como a los establecimientos educacionales.
El Partido Cristiano de Chile realizó su lanzamiento oficial tras reunir las firmas necesarias para su inscripción ante el Servel. La nueva colectividad se constituye como sucesora del disuelto Partido Social Cristiano (PSC), buscando ocupar un espacio en el centro-derecha con identidad confesional. La aparición de un nuevo partido refleja la reconfiguración que continúa en el mapa político chileno, especialmente en el sector de centroderecha y derecha, donde la hegemonía del Partido Republicano ha generado movimientos de diferenciación.
Un tribunal condenó a la Feria Primavera del Libro, organizada con la Municipalidad de Providencia, por discriminación al negar participación a la editorial Entre Zorros. El fallo se basó en el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución y ordenó el pago de 10 unidades tributarias mensuales como indemnización. El caso pone en el debate público los límites de la curación editorial en eventos culturales con participación municipal y la tensión entre la libertad de organización de ferias y el derecho de las editoriales a no ser excluidas arbitrariamente.
La Convención Constitucional avanza en votaciones finales del borrador constitucional a menos de dos meses del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022
- La Convención Constitucional continuaba el proceso de armonización y votación de normas del borrador de nueva Constitución, con plazo de entrega próximo
- El gobierno mantenía una posición de apoyo al proceso constituyente mientras enfrentaba crecientes críticas por seguridad ciudadana y alza del costo de la vida
- Boric buscaba equilibrar su agenda de gobierno con el debate constitucional que dominaba la atención política del país
“Boric mantenía en este período su llamado a aprobar la nueva Constitución como una oportunidad histórica para Chile, reconociendo al mismo tiempo que el texto podía ser perfectible y mejorado en el futuro
A principios de junio de 2022, la Convención Constitucional se encontraba en una etapa crítica de su trabajo. El plazo para entregar el borrador final se acercaba y las comisiones realizaban las últimas votaciones de normas. El debate público estaba dominado por el contenido del texto constitucional, con encuestas que comenzaban a mostrar un crecimiento de la opción Rechazo frente al Apruebo. El gobierno de Boric había apostado por el proceso constituyente como eje transformador de su mandato, pero la polarización en torno a normas específicas —como la plurinacionalidad (reconocimiento de múltiples pueblos con derechos colectivos), el sistema de justicia y los derechos sociales— generaba incertidumbre política creciente. La Convención se había convertido en el factor político dominante, eclipsando buena parte de la agenda gubernamental propia.
Para inicios de junio de 2022, la aprobación del presidente Boric ya mostraba una tendencia descendente desde los niveles iniciales de su mandato. La luna de miel presidencial se había acortado significativamente, afectada por la percepción de inseguridad ciudadana, el alza en el costo de la vida y las dificultades para implementar reformas prometidas en campaña. Las encuestas de este período reflejaban una ciudadanía que comenzaba a evaluar críticamente la gestión del nuevo gobierno, particularmente en materia de orden público y economía, temas donde la administración Boric mostraba mayor vulnerabilidad.
El gobierno de Boric enfrentaba en junio de 2022 una doble presión: por un lado, la demanda ciudadana por mayor seguridad ante el aumento de delitos violentos y el crimen organizado; por otro, el impacto inflacionario que erosionaba el poder adquisitivo de las familias. La inflación interanual se ubicaba en torno al 12%, la más alta en casi tres décadas, impulsada por factores internos y externos, incluyendo las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos. Estos temas constituían el principal flanco de crítica de la oposición al gobierno y contribuían al deterioro de las cifras de aprobación presidencial.
Comparación directa
Ambos presidentes enfrentaban en su día 88 presiones que tocaban sus flancos más vulnerables: Kast con un escándalo migratorio heredado que cuestiona la eficacia del control estatal que prometió mejorar, y Boric con un proceso constituyente que concentraba toda la atención política del país y una crisis de seguridad que tensionaba su discurso inicial.
Las agendas son radicalmente distintas en naturaleza. Kast está enfocado en reactivación económica concreta —permisología, proyectos mineros, reforma educativa— con un enfoque de gestión caso a caso. Boric en su día 88 estaba inmerso en un proceso político-institucional transformador (la Convención Constitucional) que consumía enorme capital político y atención pública. En materia económica, los contextos también difieren: Kast enfrenta una economía en contracción que necesita reactivar mediante inversión, mientras Boric enfrentaba una economía con alta inflación —en torno al 12% interanual— que erosionaba el poder adquisitivo de las familias, aunque con crecimiento inercial post-pandemia aún presente.
El gobierno de Kast opera en un contexto de contracción económica acumulada durante un cuatrimestre, lo que da urgencia a sus esfuerzos de destrabe de inversiones y simplificación de permisos. El escándalo del Registro Civil, aunque originado en el gobierno anterior, lo obliga a demostrar que su administración puede corregir las fallas institucionales que denunció en campaña. El gobierno de Boric en junio de 2022 operaba bajo la sombra omnipresente de la Convención Constitucional, con una inflación creciente y una ciudadanía que comenzaba a impacientarse con las promesas de cambio. Ambos presidentes, en su día 88, habían dejado atrás la luna de miel y enfrentaban la realidad cotidiana de gobernar.